La reforma educativa: una violación flagrante a los derechos humanos

La reforma educativa: una violación flagrante a los derechos humanos

 

Es fácil y conveniente para el gobierno federal culpar a los trabajadores y a sus sindicatos de la paupérrima educación pública, cuya responsabilidad fundamental corresponde al Estado, sostiene el autor al analizar la reforma educativa desde la perspectiva de la violación de los derechos laborales fundamentales, tanto individuales como colectivos, de los trabajadores del sector educativo.

 

 

La “reforma educativa” es la reforma estructural del gobierno de Enrique Peña Nieto que generó mayor adhesión por parte de una sociedad civil cansada de una educación deficiente y de un sindicato latoso, sobre todo en su versión de la “Coordinadora” que a menudo lleva sus reclamos a la calle para defender los derechos de los profesores, pasando por encima de los del resto de la ciudadanía.

 

La reforma constitucional y los cambios legislativos

Se modificaron los artículos 3º y 73 de la Constitución (Diario Oficial de la Federación, 26 de febrero de 2013) con el fin de imponer los concursos de oposición para el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior impartida por el Estado, dejando que la ley reglamentaria fijara los criterios, los términos y las condiciones de una evaluación de carácter obligatorio para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, “con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.

Además, se dispuso la creación de un Sistema Nacional de Evaluación Educativa, coordinado por un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que contaría con una junta de gobierno cuyos cinco integrantes serían designados por una mayoría calificada del Senado, a partir de ternas diseñadas por el Ejecutivo federal, y se facultó al Congreso de la Unión para que en un plazo de seis meses estableciera el Servicio Profesional Docente, expidiera la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y reformara la Ley General de Educación.

Salvo por lo que hace a la conformación de la junta de gobierno del instituto, mediante un sistema que suele generar instituciones muy escasamente autónomas como ocurre hoy con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), poco se puede objetar a la reforma constitucional.

Con unos días de retraso, el 11 de septiembre de 2013 de publicaron las reformas a la Ley General de Educación, la nueva Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente. Quedó claro que ni el Ejecutivo federal ni el Congreso de la Unión cumplirían la promesa de respetar los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación, ni los que consagra su artículo 123, ni los derechos humanos que reconoce su artículo 1º como la no discriminación. Para exculpar al Estado, había que castigar a los profesores.

 

Los otros actores

Desde un principio se sabía que la reforma pasaría por encima de los derechos de los profesores y demás trabajadores de la educación pública, por lo que era necesario tomar algunas medidas previas respecto de los actores que eventualmente podrían oponerse.

En primer lugar, había que resolver el problema del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuya lideresa, Elba Esther Gordillo, se había pronunciado con sobrada razón en contra de algunas de las medidas que se anticipaban. La solución fue privarla de su libertad arbitrariamente la noche del 25 de febrero de 2013, un día antes de que se publicara la reforma constitucional y de que iniciara la XXXVI sesión extraordinaria de Consejo Nacional del Sindicato, en la que se concretaría la traición de Juan Díaz de la Torre, quien ocuparía el cargo de la maestra Gordillo en franca violación al estatuto sindical. Su principal compromiso con Enrique Peña Nieto sería evitar cualquier impugnación o protesta formal del sindicato contra la reforma educativa, mismo que cumplió, pues, a pesar de las graves violaciones a los derechos laborales de los trabajadores de la educación, el SNTE no interpuso ningún amparo.

En segundo lugar, había que considerar la posibilidad de que el Poder Judicial de la Federación declarara la inconstitucionalidad de gran parte de las reformas, lo que tendría que haber ocurrido si se hubiera conducido con probidad. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal y la SCJN, especialmente su segunda sala, se alinearon con los intereses del Ejecutivo federal.

Lo que ocurrió con los amparos, tanto por las medidas que tomaron el Consejo y la Corte para su instrumentación, como el haber negado todos y cada uno de ellos a pesar de las evidentes violaciones a la Constitución, nos hace pensar que hubo un acuerdo previo para garantizar que los jueces federales dejarían pasar todo.

 

Un botón de muestra

Me tocó promover un amparo en representación de algunos sindicatos de colegios de bachilleres y de su federación, lo que me permitió conocer, desde la perspectiva de una víctima más de nuestro “Máximo Tribunal”, las acciones que instrumentó el Poder Judicial para evitar que a algún juzgador se le ocurriera conceder un amparo.

En 24 de octubre de 2013 presentamos la demanda para encontrarnos con que los amparos contra la reforma educativa se enviarían a los juzgados de distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Cholula, Puebla, siguiendo el método, ya probado en otros casos, de concentrar todos los juicios en un grupo de tribunales controlados por la Corte y el Consejo, y garantizar así que se negaran los amparos. La fórmula tiene una clara semejanza con los tribunales especiales que prohíbe el artículo 13 de la Constitución, pero siendo un instrumento del Poder Judicial sería inútil alegar su inconstitucionalidad.

Los seis jueces de distrito encargados de resolver los amparos comenzaron a negarlos en forma sistemática, provocando que los quejosos interpusieran recursos de revisión que tendrían que resolver tres tribunales colegiados del mismo Centro Auxiliar de Cholula, pero el 6 de mayo de 2014 el pleno de la SCJN emitió el acuerdo general 9/2014 por el que ordenó aplazar la resolución de los recursos hasta que la Corte dijera cómo resolverlos. Según ese acuerdo, se habían recibido 6,661 demandas (que involucraban a varios cientos de miles de quejosos) y los colegiados tenían a su cargo 112 amparos en revisión. El acuerdo ordenó que los tribunales colegiados enviaran a la SCJN cinco de esos amparos que servirían para sentar los precedentes necesarios.

Nuestro amparo fue a dar al juzgado primero de distrito de ese Centro Auxiliar, pero poco después se remitió al octavo y más tarde al sexto, que finalmente lo negó el 15 de diciembre de 2014 (fecha harto incómoda para preparar el recurso de revisión) con una sentencia “de machote” que no tiene que ver con los argumentos de la demanda, pero que denota la clara intención de defender a toda costa las reformas impugnadas. Frustradas nuestras vacaciones, el último día de 2014 presentamos el recurso que fue a dar al segundo tribunal colegiado, que nos hizo saber que esperaría a que la Corte levantara el aplazamiento.

En febrero de 2015 me entrevisté con el presidente de la SCJN a quien entregué una copia de la vergonzosa sentencia, solicitándole que la propia Corte resolviera nuestro amparo, ya que subsistían problemas de constitucionalidad que el tribunal colegiado no podría resolver. Éste le remitió el expediente, pero la Corte se lo devolvió, alegando que ya había resuelto los cinco amparos previstos en su acuerdo.

El 21 de septiembre levantó la Corte el aplazamiento de las resoluciones de los amparos en revisión luego de que el pleno negó los cinco amparos —siempre por unanimidad— de los que surgieron diversas jurisprudencias y tesis aisladas que en lo esencial determinaron que la reforma educativa no vulneraba el derecho de audiencia, la estabilidad en el empleo, la libertad de trabajo ni el principio de irretroactividad de la ley. Sin embargo, en su gran mayoría, los conceptos de violación que hicimos valer en nuestro amparo seguían sin resolverse.

En junio de 2016 el segundo tribunal colegiado reconoció que el juez de distrito no había analizado diversos agravios y remitió de nuevo el expediente a la SCJN para que resolviera las cuestiones de constitucionalidad que no había definido en sus sentencias previas. La Corte asumió su competencia, registró el recurso con el número 613/2016 y turnó el expediente a su primera sala, que se declaró incompetente y lo reenvió a la segunda, que, el 22 de noviembre de 2017, a más de cuatro años de que presentamos la demanda, nos negó el amparo en todos sus aspectos. Como era de esperarse, los cinco ministros votaron por la negativa.

 

Las principales violaciones de la reforma educativa

¿Qué reclamamos en la demanda de amparo? No fue la evaluación, ni la capacitación obligatoria, ni mantener a ultranza derechos adquiridos —supuestos o reales— que pudieran redundar en una educación deficiente sino, lisa y llanamente, que se respetaran los derechos laborales fundamentales, tanto individuales como colectivos, de los trabajadores del sector educativo. En un resumen muy apretado, alegamos lo siguiente:

a) Que a pesar de que, de acuerdo con la reforma constitucional, su reglamentación debió restringirse a la fijación de “los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional”, y que debió hacerlo “con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”, las nuevas disposiciones excedieron por mucho el ámbito de la evaluación y muchas de ellas no respetaron los derechos fundamentales de los trabajadores, por lo que el legislador ordinario había excedido y violentado el mandato constitucional.

b) Que la reforma educativa restringe los derechos colectivos al excluir del ámbito de la negociación cuestiones que tradicionalmente han sido materia de la misma, que atañen a condiciones de trabajo y a otros derechos laborales, y que rompe el principio fundamental de la bilateralidad en las relaciones de trabajo (al menos las que se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional) al conferir a la Secretaría de Educación Pública y a los organismos descentralizados, que son los patrones de los quejosos, el poder de decidir aspectos que antes debían negociar con los sindicatos.

c) Que no sólo prohíbe que sean parte de la junta de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación quienes han sido dirigentes sindicales en los últimos tres años, lo que constituye una absurda discriminación por haber ejercido un derecho fundamental, sino que además excluye a todos los docentes del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, a pesar de que la propia Constitución obliga a considerar su opinión y de que la Ley General del Servicio Profesional Docente les atribuye la responsabilidad del aprendizaje y los considera los promotores, coordinadores, facilitadores, investigadores y agentes directos del proceso educativo. ¡Nada más!

 

En conclusión

La sentencia de nuestro “más alto tribunal” refleja los prejuicios que prevalecen en el debate público sobre una reforma que confronta los derechos humanos de los educandos con los de los maestros, donde el gobierno federal y algunas organizaciones del sector privado se han dedicado a atacar indiscriminadamente a los docentes del sector público y a sus organizaciones sindicales. En la realidad no existe esa confrontación, al menos no en el ámbito estricto de la ley, que debe respetar los derechos fundamentales de unos y otros. La reforma, sin embargo, hizo añicos los derechos fundamentales de los trabajadores y la Suprema Corte la avaló en su totalidad.

No descartamos que algunos aspectos puedan implicar una colisión entre los derechos humanos de los educandos (no todos niños, por cierto) y los de los trabajadores. En este supuesto, y dado que la propia Corte ha dicho que no existen derechos absolutos, el legislador tendría que haber valorado los de ambas partes, buscar soluciones que no implicaran el sacrificio de derechos fundamentales, y sólo cuando no fuese posible, emitir una norma que respetara en la mayor medida los derechos sacrificados, todo de acuerdo con la teoría de la argumentación jurídica y la ponderación de los derechos fundamentales que la propia Corte ha adoptado en otros casos.

Ante la falta de argumentos para sostener la constitucionalidad de las normas impugnadas y la imposibilidad de justificar la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad de las medidas adoptadas por el legislador ordinario, la segunda sala optó por evadir el debate sobre la colisión de derechos fundamentales, como si no estuvieran en juego algunos de los derechos laborales más importantes, como la bilateralidad de las relaciones de trabajo, la estabilidad en el empleo, la negociación colectiva y la dignidad en el trabajo.

No se trata de limitaciones “razonables” a los derechos de los trabajadores, que los derechos de los educandos eventualmente pudieran justificar, sino de verdaderos atropellos a los derechos humanos de los docentes. En el fondo, prevalece una dolorosa discriminación hacia los maestros, cuyos derechos se confrontan artificialmente con los de los educandos, como si no pudieran coexistir en una sociedad que aspira a un grado razonable de democracia.

Sin tener que revertir por completo la reforma educativa, hay mucho que enmendarle, y la Suprema Corte ya demostró que no sirve para hacerlo. Será por otra vía.

 


 

* Licenciado en derecho, especializado en asuntos laborales, y maestro en sociología por la Universidad Iberoamericana. Es director general de la firma de abogados Bufete de Buen.

 

 

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