David Calderón

Claroscuros de la reforma educativa

David Calderón

 

Para David Calderón, cofundador y presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, el problema de raíz de nuestro sistema educativo consiste en pretender cambiar lo que ocurre en las escuelas de educación pública obligatoria sin transformar las escuelas formadoras de maestros, que no han logrado aportar educadores profesionales. Así lo afirma al ofrecernos su visión sobre los problemas que enfrenta México en materia educativa.

 

 

¿Qué es y qué hace Mexicanos Primero?

Somos una iniciativa ciudadana, independiente y plural, que trabaja para que el derecho a aprender de todas las niñas, niños y jóvenes se cumpla en nuestro país. Esto se logra cuando todos llegan a la escuela listos para aprender; cuando permanecen y transitan por ella en tiempo y forma; cuando terminan, por lo menos, los 12 años de educación obligatoria. Es lo que llamamos “trayectorias completas”.

 

¿Basta con esto para que se cumpla el derecho a aprender?

No. Todos los niños, niñas y jóvenes deben aprender lo que les es pertinente y relevante (lo que quieren y necesitan aprender, como lo señalan los documentos de la UNESCO) y desarrollar las actitudes y las habilidades para seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Todos pueden y deben participar activamente en su propia educación y su proceso de aprendizaje. A esto le llamamos la “triple inclusión”: estar incluidos en la escuela, estar incluidos en el aprendizaje y estar incluidos en las decisiones…

 

¿Cómo pretende Mexicanos Primero alcanzar este objetivo?

Somos una unidad de investigación con registro formal en el CONACYT, que cada año publica un “Estado de la educación en México”. En segundo lugar, comunicamos los hallazgos y las propuestas por los medios más efectivos —desde ruedas de prensa, artículos de opinión (alrededor de tres a la semana) e infografías hasta spots en televisión y cine—. Posteriormente, activamos a los distintos grupos para asumir su corresponsabilidad —desde encuentros con equipos técnicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y los gobiernos estatales hasta jornadas de diálogo con maestros, diplomados para directores, talleres para padres, conferencias para universitarios, voluntariado y activismo de calle—. Finalmente, realizamos estudios jurídicos sobre el avance y el cumplimiento de leyes e impulsamos litigios estratégicos para la efectividad y la reparación en el ejercicio del derecho a la educación de niñas y niños, maestros y familias en México.

 

¿Cómo surgió la asociación?

Un grupo de amigos, algunos de los cuales nos conocimos como líderes de brigadas universitarias en el terremoto de 1985, nos reunimos para promover una activación ciudadana en la búsqueda de soluciones. Quisimos superar la lógica de grupos para poner a la joven generación en el primer lugar, convocando a dejar atrás los intereses privados y los intercambios de beneficios entre los adultos a costa de los derechos de niñas, niños y jóvenes; literalmente, queríamos poner a los “mexicanos primero”. De ahí el nombre. Comenzamos en 2005 y nos presentamos públicamente en 2007, con la intención de ser un factor de cambio positivo para la política pública educativa y, a la vez, para establecer un parámetro ejemplar de organización de sociedad civil que se caracterice por su rigor técnico, su valor cívico ante las autoridades y los grupos políticos, y su capacidad no sólo de criticar sino de proponer alternativas de solución.

 

¿Cómo obtiene la asociación su financiamiento?

Además de ser una asociación civil, Mexicanos Primero es una unidad de investigación registrada ante el CONACYT y ante el Sistema de Administración Tributaria, y está registrada como donataria autorizada, lo que le permite recibir donativos de particulares, por lo cual nunca hemos recibido recursos públicos.

 

¿Cuál es, en su opinión, la principal fortaleza del nuevo modelo educativo?

Su foco claro en el aprendizaje para toda la vida. Por ello, incluye una concepción del docente no como un experto temático, que debe desarrollar su “enseñanza”, sino como un profesional del aprendizaje en permanente formación, que va verificando y alcanzando nuevas alturas en su comprensión y en su activación del aprendizaje en sus alumnos. Incluye escuelas más participativas y transparentes, más capaces de administrar y demandar los recursos que el Estado le debe proveer, con un gasto y un plan de mejora vigilados por los padres, con un director como líder pedagógico y comunitario, con el aseguramiento de infraestructura adecuada y de plantillas completas de adultos profesionales, con un plan de estudios menos cargado de contenido y más enfocado al aprendizaje activo y autónomo, al intercambio y a la crítica respetuosa y fundada, a la expresión personal y a la capacidad de trabajo en comunidad.

 

¿Y la principal debilidad?

La excesiva concentración en el papel de la regulación. Especialmente en la evaluación docente, sin acompañarla con el ajuste a la formación antes y después de las evaluaciones. Hubo una invasión comunicativa y de facultades por parte de las autoridades federales. No se supo comunicar y sumar en el proceso a los maestros —y distinguirlos de las cúpulas gremiales—, se descuidó y se atrasó lo técnico-pedagógico y no se impulsó la actividad y la responsabilidad de las entidades de la República en la implementación. Por otra parte, se minimizó, se inhibió y hasta se combatió el reclamo y la propuesta de las organizaciones de la sociedad civil. Se descuidó la equidad en el financiamiento, se puso excesivo énfasis en los programas de infraestructura y no en las capacidades y el compromiso de los agentes.

 

¿Estas debilidades son las que se han traducido en los problemas de implementación?

Sí, aunado a un lamentable atraso en los deberes de la autoridad para la transformación de las normales, la activación de las familias y el aprendizaje profesional de los maestros. Esto es lo que nos tiene en la encrucijada actual. El acercamiento a un modelo participativo (materializado en el componente de autonomía curricular y en la autonomía escolar) no se ha entendido ni se ha propiciado en las escuelas. Así, los docentes no se han apropiado de él y son ellos quienes lo llevan a la práctica en las aulas.

 

Algunos grupos esperan que el próximo presidente de México eche atrás la reforma educativa. ¿Cuál es su opinión al respecto?

La implementación de la reforma educativa no depende de una sola persona ni tampoco se puede asociar con el fin de un sexenio. Ningún actor político, presente o futuro, tiene la capacidad de dar marcha atrás al compromiso que la comunidad ha asumido para garantizar el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes. La transformación educativa no nació con la administración actual, ni tampoco verá su fin con el siguiente presidente o con el próximo secretario de Educación. Por lo tanto, los gobiernos estatales deben comprometerse a fondo con la implementación de la reforma educativa. La implementación de la reforma a la Constitución y las leyes de 2013 depende de los estados libres y soberanos, más que de la Federación. Los agentes de cambio son los líderes intermedios: funcionarios estatales, supervisores, maestros, consejos escolares y miembros de asociaciones comunitarias y de la sociedad civil que aterrizan, monitorean, evalúan y retroalimentan las políticas públicas en el contexto local.

 

Entre los informes que elabora Mexicanos Primero está el de cumplimiento de la responsabilidad educativa (ICRE) 2018. ¿En qué consiste?

El ICRE cuenta una historia en dos partes: primero, hace referencia a los resultados educativos logrados, para decirnos qué tan incluyente es nuestro sistema educativo. Segundo, reconoce que lograr los resultados que queremos requiere políticas, estrategias y acciones específicas que generan condiciones educativas adecuadas en el presente. En este sentido, visibiliza no sólo qué se ha hecho en cada estado de la República en el pasado, sino también qué hace el gobierno actual para orientar el sistema educativo hacia el desarrollo de escuelas incluyentes donde todas y todos puedan estar, aprender y participar. Al ser la segunda edición del ICRE, permite identificar movimientos —progreso o retroceso— en los indicadores y en los estados en los últimos dos años.

 

Esta edición señala que ninguna entidad federativa alcanzó una calificación arriba de 7.9. ¿Cómo debe interpretarse esta cifra?

El ICRE nos muestra que como país vamos avanzando: en más de la mitad de los indicadores registramos un avance positivo en el ámbito global desde el ICRE 2016. Todo, documentado rigurosamente con fuentes oficiales. También en 29 estados hay una mejora importante por lo menos en un indicador. A pesar de que con frecuencia se dice que no se pueden ver cambios importantes en resultados educativos en poco tiempo, el ICRE 2018 nos enseña que en algunos estados del país hay un progreso notorio hacia la doble inclusión. También resalta que el progreso (o retroceso) en el cumplimiento de la responsabilidad educativa en los estados no se explica solamente por la política pública nacional ni por el contexto socioeconómico. Depende de lo que se hace —o no— en el ámbito local. Respecto de que ningún estado tiene una calificación superior a 7.9, se debe a que, a pesar de haber progresado, todavía no estamos donde necesitamos estar. Ningún estado está en verde; ningún estado cumple plenamente su responsabilidad educativa; en ningún estado se garantiza hoy en día el ejercicio pleno del derecho de todas las niñas, niños y jóvenes a estar, aprender y participar en la escuela. Sólo 10 entidades federativas se acercan al cumplimiento y 22 están lejos todavía de ese objetivo. No debe espantarnos que no estemos todavía donde queremos estar. La evaluación y el ajuste son partes imprescindibles del cualquier proceso de transformación educativa, siempre con el fin de progresar.

 

¿Cuál es la posición de Mexicanos Primero ante los resultados que ha obtenido México en la prueba PISA?

PISA nos permite identificar algunas de las grandes deficiencias que todavía existen en el sistema educativo mexicano. Hasta hace muy poco tiempo, el derecho a la educación solía medirse por los años de escolarización promedio de una población; PISA ofreció datos que demostraron que asistir a la escuela es insuficiente para aprender: lo que sucede en el aula importa, e importa mucho. Para la interpretación de los datos, así como para el ajuste de políticas, no puede olvidarse que ésta es sólo una fotografía, una instantánea: solamente salen en ella los jóvenes escolarizados a esta edad, los 15 años cumplidos, que según los datos del INEE para la edición más reciente fueron sólo 62% de esa generación de mexicanos. Nos faltan los que ya no están en la escuela, y los que saldrán de ella próximamente.

 

¿Los resultados de PISA 2015 revelan que México está lejos del mundo?

Al ubicarse en el lugar 56 de 70 naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —además de excluir a la mayoría de los jóvenes de 15 años del aprendizaje significativo—, comparado con ejercicios previos de PISA estamos estancados en la comprensión lectora y en las ciencias, y hemos empeorado en matemáticas desde 2009. El desglose de los resultados indica que ocho de cada 10 jóvenes mexicanos tienen resultados insuficientes o mínimos en la prueba de ciencia, comprensión lectora y matemáticas. En ninguno de los tres dominios tenemos siquiera a 1% de los estudiantes en los niveles de excelencia. Podemos demostrar que los hijos de las familias más favorecidas de México (los jóvenes que provienen de los hogares del decil más alto de ingreso económico) no alcanzan el desempeño del decil más bajo de Reino Unido o de Vietnam. Los hijos de la clase privilegiada en México, que asisten a escuelas privadas, tienen computadora y realizan viajes, en promedio se desempeñan por debajo de sus coetáneos hijos de mineros en Gales o hijos de cultivadores de arroz en el Delta del Mekong. El sistema educativo aún no permite que en las escuelas se supere el contexto, ya que el 10% más pobre de México tiene un atraso de 3.9 años, comparado con el puntaje de la media de la OCDE. Para el caso del 10% más rico, el atraso es de un año.

 

¿Cómo podríamos aprovechar los resultados de esta evaluación?

Usar adecuadamente la evaluación es traducir la información para el ajuste de la política pública, hasta que llegue a las prácticas cotidianas de cada aula. Cuando hay una política de evaluaciones se propicia una mejor toma de decisiones y el fortalecimiento de sistemas de apoyo, tanto por parte de madres y padres de familia y de las organizaciones civiles y comunitarias, como por parte de maestros, directivos, funcionarios intermedios, hasta llegar a los responsables de la política educativa nacional. La evaluación puede ser un poderoso vehículo para promover el derecho de todas las niñas y los niños a aprender, pero queda en nuestras manos asegurar que así sea.

 

Si en sus manos estuviera realizar un cambio al sistema educativo mexicano, uno solo, ¿cuál haría?

La auténtica transformación de las normales. Como colectividad, no podemos ni debemos elegir padres a los niños de cada generación, pero sí podemos designar a sus educadores. La promesa de la escuela pública es que origen no tiene que ser destino. Hay un compromiso solidario y efectivo de la comunidad para que no sea el poder de compra de los padres el que determine qué tan bien le va en la vida a la siguiente generación. La escuela tiene que ser no el espejo de las carencias de su entorno, sino el proyecto, el laboratorio de la nueva sociedad que se puede construir; es una “máquina de equidad”, el dispositivo cultural que va a la raíz para propiciar la justicia y la prosperidad de la nación.

 

Una noble aspiración…

Estas aspiraciones sólo se cumplen cuando los educadores son profesionales en el arte de aprender, cuando saben cómo aprenden sus alumnos; cómo los fortalecen y los habilitan para que puedan aprender con su guía, y también cuando el educador no está a mano, cuando ya compartió las estrategias para seguir aprendiendo en todos los escenarios y todas las situaciones de la vida. Eso implica identificar y consolidar las actitudes y las habilidades de personas con talento y aptitud para ser los aprendices más destacados del país, mujeres y hombres curiosos, innovadores, rigurosos y sensibles; eso no se improvisa, y merecen las mejores escuelas de educación superior que el país pueda proveer. Pretender cambiar lo que ocurre en las 230,000 escuelas de educación pública obligatoria sin transformar de manera radical lo que pasa en las casi 220 escuelas formadoras de maestros, es una fantasía y una insensatez. El cambio que yo me propondría consiste en acercar todos los recursos del sistema público de educación superior: sus maestros, sus laboratorios, sus bibliotecas, sus becas, sus oportunidades de intercambio, concursar todas las plazas y pagarlas muy bien para los “maestros formadores de maestros”, coordinar todas las oportunidades de los institutos públicos de investigación y las instancias de derechos de los niños y jóvenes —desde la unidad de neurodesarrollo del Hospital Infantil de México hasta el Instituto Nacional de Administración Pública, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hasta el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes— para que los nuevos maestros y maestras de México sean ejemplo de educadores profesionales, activadores de comunidad y promotores de derechos.

 

 


 

David Calderón estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ciencias sociales en Florencia, como becario del Posgrado de Excelencia del CONACYT.

Ha sido instructor comunitario en zonas indígenas de Oaxaca e Hidalgo y profesor de secundaria y preparatoria en la Ciudad de México. Su trabajo de docencia e investigación se ha concentrado en los campos de la ética aplicada, el cambio cultural, la política pública y participación ciudadana, como catedrático de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Interamericano de Seguridad Social y la Universidad de Chicago.

Fungió como coordinador de Humanidades y director de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, y miembro de la Comisión Nacional de Bioética.

Es secretario general del Consejo de Gobernanza de REDUCA (Red Latinoamericana por la Educación), integrada por 13 organizaciones de la sociedad civil en América Latina.

 

 

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

Revista El Mundo del Abogado